“La ilegal Ley de Arizona-SB 1070” (*)

Por: Brando Paredes Miranda - Comisión de Investigaciones


Hace algunas semanas la gobernadora del Estado de Arizona, Jan Brewer, promulgó la ley SB 1070, la cual tipifica la inmigración ilegal como un crimen, señalando entre otras cosas que “será un delito estar en Arizona en forma ilegal”. La misma norma obliga a los agentes policiales a investigar o detener a un ciudadano cuando existan “sospechas razonables” de que se encuentra residiendo ilegalmente. Asimismo, se prohíbe contratar los servicios de estas personas indocumentadas, bajo imposición de multas que podrían llegar hasta $ 5,000.

Esta ley ha desatado una serie de reacciones por parte de las agrupaciones políticas y sobre todo del Presidente Barack Obama, quien calificó la promulgación de la ley como irresponsable. De igual manera, cantidad de personas se han movilizado para protestar en contra de esta ley por considerarla racista, e incluso oportunista.

Ante ello, la gobernadora Jan Brewer salió hace unos días a defender su posición de lo que considera un estricto cumplimiento de las reglas: “…nadie está por debajo de la ley, ni por encima de ella…”. Al ser interrogada sobre cuáles serán los criterios que utilicen los agentes policiales para detener a los posibles inmigrantes ilegales, se limitó a decir que serán estos mismos agentes quienes decidirán este punto, ya que recibirán una capacitación especial y adecuada. En esta línea, sus voceros y partidarios señalaron también que lo que se busca con esta norma, no es establecer algún tipo de discriminación, sino, terminar con la gran cantidad de ciudadanos ilegales que perjudican a los que si son documentados.

Lo cierto es que, si bien la cantidad de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos es alarmante (aproximadamente 12 millones de personas), existen vulneraciones de derechos y errores muchísimo más alarmantes contenidos en esta ley.

Primero, hay que tomar en cuenta que dicha ley ha sido promulgada en un contexto próximo a los comicios electorales en Arizona, ciudad en donde la población siempre ha reclamado una solución al tema inmigratorio. Habría que ver, entonces, si la intención de la gobernadora es la de sumar votos para las elecciones del noviembre próximo.

Segundo, aún no es comprensible el criterio de “sospecha razonable”. ¿Qué significa eso? ¿Qué parámetros se utilizarán para llegar a obtener una “sospecha razonable”? ¿Parámetros raciales? Quiera reconocerse o no, la mayoría de hispanos, en especial mexicanos, (ya que dicho país es limítrofe con Arizona), se verán sometidos a una inspección constante y agobiante con el fin de lograr un grado de “sospecha razonable”, es evidente que esta inspección tiene mucho que ver con el fenotipo de las personas.

Tercero, lo que hace esta norma al calificar como delito la inmigración ilegal, es ampliar de sobremanera el tipo penal, transformando la presunción de inocencia en una presunción de culpabilidad guiada por indicios raciales.

Cuarto, es necesario realizar una ponderación de derechos y comprobar que en realidad se están afectando distintos derechos, incluso el de la dignidad de aquellas personas que residiendo de forma legal, se ven en la triste situación de tener que cargar con sus partidas de nacimiento o visas y demás, para luego dejarse revisar por la policía, en caso se les vea algo distinto del común de los norteamericanos…… En conclusión, la cura es mucho peor que la enfermedad.